29/09/2026
La última semana de septiembre ha dejado dos señales claras del malestar de las pequeñas empresas de transporte. El 25 de septiembre, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte registró en el Ministerio de Transportes un proyecto de real decreto-ley redactado por sus propios miembros para impedir que los transportistas trabajen por debajo de sus costes. Tres días después, la asociación TRANSPORTAVE, que agrupa a empresas de transporte de vehículos, advirtió de un posible paro si no llegan medidas urgentes.
El presidente de Plataforma, Manuel Hernández, presentó el texto con una idea sencilla: «Le damos el trabajo hecho». La propuesta no fija precios mínimos, algo que el propio Hernández reconoce que sería ilegal por las normas de competencia. Lo que plantea es que la Administración abra procedimientos de investigación cuando un servicio de transporte se contrate por debajo de un determinado importe, tomando como referencia los datos del Observatorio de Costes del Ministerio.
El gesto tiene mucho de político: un real decreto-ley solo puede elaborarlo y aprobarlo el Gobierno, no una asociación. Pero sirve para poner sobre la mesa un texto concreto y trasladar la presión al departamento de Óscar Puente, del que Plataforma espera una respuesta rápida.
Para entender la propuesta hay que volver a marzo de 2022. Con el estallido de la guerra de Ucrania y el gasóleo disparado, Plataforma canalizó un fuerte descontento que paralizó parte del transporte durante unas dos semanas. De aquella crisis salió la prohibición de contratar servicios de transporte por debajo de costes, que el Gobierno sacó adelante en agosto de 2022 dentro de la llamada ley de la cadena de transporte.
Para Hernández, aquel conflicto «se cerró en falso». Su propuesta pretende reforzar esa regulación para que la prohibición deje de ser una declaración de intenciones y tenga consecuencias cuando se incumple.
La iniciativa no ha sido bien recibida por todos. Conetrans, confederación integrada en la CETM, acusó a Plataforma de «agitar y confundir al sector» con medidas sin viabilidad jurídica, y defendió en rueda de prensa el trabajo de las patronales en las negociaciones con el Gobierno. El debate, según varias voces del sector, debería centrarse ahora en el fondo de la propuesta más que en quién la presenta.
El segundo frente lo ha abierto la Asociación Nacional de Empresas de Transporte de Vehículos. El 26 de septiembre acordó pedir reuniones urgentes con los distintos operadores para abordar una situación que, según su comunicado del 28, está generando pérdidas que muchas microempresas y pymes ya no pueden asumir. Si la situación no cambia de inmediato, advierte, algunas empresas podrían dejar de prestar servicio en las condiciones actuales.
La asociación reclama a la Administración un nuevo paquete de ayudas urgente, con medidas «dinámicas» que se adapten a la evolución de los costes, y critica que las anteriores llegaron tarde y fueron insuficientes. No ha fijado fecha para ningún paro: volverá a reunirse en los próximos días para valorar el resultado de los contactos.
Ambas iniciativas llegan en el peor momento de costes del año, con el gasóleo un 44,6% más caro que en enero según Fenadismer. El Gobierno acaba de prorrogar las ayudas al gasóleo profesional hasta diciembre, pero por debajo de lo que pedía el sector. Queda por ver si el Ministerio responde a la propuesta de Plataforma y si las reuniones de TRANSPORTAVE rebajan la tensión. Mientras tanto, para cualquier empresa que contrata transporte, la señal es clara: los precios que no cubren costes están en el centro del debate, y es previsible que el control sobre ellos aumente.