24/10/2026
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha dejado varias normas del transporte por carretera a medio camino. Con las Cortes disueltas no se puede aprobar ninguna ley que estuviera en tramitación, y las que dependen del Gobierno compiten ahora con el calendario electoral. El caso que más preocupa a los conductores es el de la jubilación anticipada, pero no es el único.
En octubre de 2025, patronales como Fenadismer y CETM y los sindicatos pidieron al Ministerio de Seguridad Social que aplicara coeficientes reductores a los conductores profesionales de mercancías y de viajeros, tanto asalariados como autónomos. La ley fija seis meses para resolver, pero el plazo se ha duplicado. En junio se publicaron los estudios de siniestralidad y morbilidad, y en julio el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo emitieron sus informes. Los tres informes concluyen que se cumplen los requisitos.
Falta el paso decisivo: que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social convoque la comisión de evaluación, formada por nueve miembros (cinco de la Administración, dos de las patronales y dos de los sindicatos), que necesita al menos seis votos para dar luz verde. Si lo hace, la Seguridad Social tendría que redactar un real decreto para el Consejo de Ministros. A finales de octubre la comisión sigue sin convocarse.
CCOO ha presentado una queja ante la Inspección General de Servicios del Ministerio por «inactividad» y teme que un nuevo Gobierno dé el expediente por caducado. Su asamblea estatal del sector de carretera y logística se reúne el 28 de octubre para decidir movilizaciones. ERC, por su parte, sostiene que la Ley del Gobierno permite a un Ejecutivo en funciones seguir con el decreto, que no necesita pasar por el Parlamento.
El Gobierno en funciones puede aprobar reales decretos, así que la jubilación anticipada y el registro de jornada no están técnicamente muertos. La prórroga de los módulos es más delicada, porque exige rango de ley y podría resolverse con un real decreto-ley que luego convalide la Diputación Permanente. Para el resto, el sector tendrá que volver a empezar la negociación con quien salga de las urnas.