Las elecciones del 29 de noviembre dejan en el aire la jubilación anticipada de los conductores y otras normas del transporte

24/10/2026

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La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha dejado varias normas del transporte por carretera a medio camino. Con las Cortes disueltas no se puede aprobar ninguna ley que estuviera en tramitación, y las que dependen del Gobierno compiten ahora con el calendario electoral. El caso que más preocupa a los conductores es el de la jubilación anticipada, pero no es el único.

Jubilación anticipada: un año de expediente

En octubre de 2025, patronales como Fenadismer y CETM y los sindicatos pidieron al Ministerio de Seguridad Social que aplicara coeficientes reductores a los conductores profesionales de mercancías y de viajeros, tanto asalariados como autónomos. La ley fija seis meses para resolver, pero el plazo se ha duplicado. En junio se publicaron los estudios de siniestralidad y morbilidad, y en julio el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo emitieron sus informes. Los tres informes concluyen que se cumplen los requisitos.

Falta el paso decisivo: que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social convoque la comisión de evaluación, formada por nueve miembros (cinco de la Administración, dos de las patronales y dos de los sindicatos), que necesita al menos seis votos para dar luz verde. Si lo hace, la Seguridad Social tendría que redactar un real decreto para el Consejo de Ministros. A finales de octubre la comisión sigue sin convocarse.

Presión de sindicatos y partidos

CCOO ha presentado una queja ante la Inspección General de Servicios del Ministerio por «inactividad» y teme que un nuevo Gobierno dé el expediente por caducado. Su asamblea estatal del sector de carretera y logística se reúne el 28 de octubre para decidir movilizaciones. ERC, por su parte, sostiene que la Ley del Gobierno permite a un Ejecutivo en funciones seguir con el decreto, que no necesita pasar por el Parlamento.

Otras normas que se frenan

  • Registro digital de la jornada. El proyecto de decreto de Trabajo que obligaría a los conductores a fichar digitalmente estaba atascado por falta de acuerdo con Economía. Las patronales lo rechazan porque el tacógrafo ya registra los tiempos, y es poco probable que salga en esta legislatura.
  • Plan Social para el Clima. Incluía 846 millones de euros para camiones eléctricos, 642 millones para furgonetas y 400 millones para puntos de recarga. Es una exigencia europea, pero el próximo Gobierno decidirá si lo mantiene tal cual o lo rehace.
  • Ley de repercusión del gasóleo. La norma de abril sigue plenamente vigente, porque se aprobó por real decreto-ley y se convalidó. Lo que decae es su tramitación como proyecto de ley, donde los cargadores querían introducir cambios.
  • Módulos. El límite de 125.000 euros de facturación para los autónomos en estimación objetiva se prorroga cada año desde 2016. Para 2027 hace falta una norma con rango de ley antes del 31 de diciembre, y sin Cortes ese margen se estrecha.

Qué puede pasar ahora

El Gobierno en funciones puede aprobar reales decretos, así que la jubilación anticipada y el registro de jornada no están técnicamente muertos. La prórroga de los módulos es más delicada, porque exige rango de ley y podría resolverse con un real decreto-ley que luego convalide la Diputación Permanente. Para el resto, el sector tendrá que volver a empezar la negociación con quien salga de las urnas.


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